Por: Mag. Angel Vásquez, Licenciado en
Administración
En la administración pública, la
toma de decisiones enfrenta un equilibrio delicado entre libertad de acción y
obligación de justificarla, esta tensión se refleja en la interrelación entre discrecionalidad
y debida motivación, dos conceptos fundamentales que determinan la legitimidad
y legalidad de los actos administrativos. Mientras la discrecionalidad permite
a los funcionarios elegir entre varias alternativas dentro del marco legal, la
motivación asegura que cada decisión pueda ser explicada, fundamentada y
defendida ante órganos de control. La Ley N.º 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General establece la obligación de motivar los actos
administrativos, mientras que la Ley N.º 32069 – Ley General de Contrataciones
Públicas condiciona la discrecionalidad a criterios de eficiencia,
sostenibilidad y valor por dinero, particularmente en los procesos de logística
y presupuesto.
Discrecionalidad: Libertad Condicionada
en la Gestión Pública
La discrecionalidad en el sector
público no implica arbitrariedad, sino la facultad de seleccionar la mejor
alternativa cuando la ley permite más de un curso de acción. En el ámbito de la
logística y la gestión presupuestal, esta facultad se traduce en decisiones
como determinar la modalidad de adquisición de bienes o servicios, priorizar
requerimientos o elegir proveedores. Sin embargo, esta libertad está
condicionada por:
- La disponibilidad de recursos presupuestarios
- La eficiencia en el uso del gasto público
- La necesidad de alineamiento con objetivos
institucionales
La Ley N.º 32069 enfatiza que,
incluso dentro de la discrecionalidad, las decisiones deben maximizar el valor
por dinero y garantizar la sostenibilidad de los recursos, reduciendo el riesgo
de arbitrariedad.
Debida Motivación: Garantía
de Transparencia y Control
La motivación de un acto
administrativo constituye la piedra angular de su legitimidad, Según la Ley N.º
27444, toda decisión debe explicitar los fundamentos de hecho y de derecho que
la respaldan, permitiendo:
- La transparencia en la gestión
- La posibilidad de fiscalización por órganos de
control, como la Contraloría General de la República.
- La defensa del acto frente a cuestionamientos
legales o administrativos (Qué se decidió, Por qué se decidió, En qué
evidencia se sustenta)
En el contexto presupuestal, la
motivación incluye no solo argumentos técnicos, sino también evidencia de
disponibilidad de recursos y justificación de alternativas, especialmente
cuando la decisión implica gastos que comprometen recursos públicos.
Intersección entre Discrecionalidad,
Motivación y Presupuesto
En la práctica administrativa,
discrecionalidad y motivación no operan de manera aislada, tal relación se
vuelve crítica cuando las decisiones logísticas implican asignación
presupuestaria:
- Una decisión discrecional sobre adquisición de
bienes o servicios debe estar acompañada de un sustento técnico y
financiero completo.
- La ausencia de documentación que explique la falta
de presupuesto convierte la discrecionalidad en riesgo administrativo,
comprometiendo la eficiencia y legalidad de la gestión.
- El control concurrente de la Contraloría actúa como
mecanismo preventivo, verificando en tiempo real que toda decisión esté
técnicamente y presupuestalmente motivada.
Un ejemplo recurrente es la
decisión de alquilar equipos sin evaluar previamente la compra, no se comunica
oficialmente la falta de crédito presupuestario, ni se evidencia análisis
comparativo, ni informe técnico, ante esto, la decisión carece de motivación y
se vuelve vulnerable ante una fiscalización.
Implicancias para la Gestión
Pública
La articulación entre
discrecionalidad y motivación tiene múltiples implicancias:
- Prevención de riesgos administrativos: Evita
observaciones y nulidades.
- Eficiencia en el uso de recursos: Permite
decisiones justificadas y alineadas con objetivos institucionales.
- Fortalecimiento de la rendición de cuentas:
Las decisiones documentadas y fundamentadas son fácilmente auditables.
En consecuencia, la integración
de sustento técnico, análisis de alternativas y respaldo presupuestal no es un
formalismo, sino un requisito esencial para la buena gobernanza.
Conclusión
La gestión pública moderna
requiere que cada decisión discrecional esté acompañada de una motivación
sólida que integre aspectos técnicos y presupuestales. Las leyes N.º 27444 y
N.º 32069, junto con el control concurrente de la Contraloría, conforman un marco
que obliga a las oficinas de administración, logística y presupuesto a actuar
con transparencia, racionalidad y eficiencia. La clave para la
legitimidad de las decisiones públicas reside en documentar y justificar,
asegurando que la discrecionalidad sea ejercida de manera responsable y justificable.
“En logística y
presupuesto, decidir sin sustento técnico y financiero no es discrecionalidad,
es riesgo administrativo”
