NUEVAS MEDIDAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA AL ENTRAR EN VIGENCIA LA LEY N° 32069 Y SU REGLAMENTO

 Por:  Mag. Angel Vásquez, Licenciado en Administración

A partir de la vigencia de la Ley N° 32069, "Ley General de Contrataciones Públicas", se implementan medidas significativas que buscan optimizar los procesos de adquisición en el sector público y fortalecer la transparencia y eficiencia en la gestión de recursos. Las modificaciones realizadas por la Ley N° 32187 aportan un enfoque renovado a la administración de las compras del estado, especialmente en lo que respecta al uso de herramientas digitales.

1. Fortalecimiento de la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas (Pladicop)

La Pladicop es ahora la base fundamental para la gestión de las contrataciones públicas. Esta plataforma integra diversos sistemas de información, como el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y la herramienta para contratos menores. Las entidades contratantes están obligadas a registrar todas las fases de sus procesos de contratación en esta plataforma, lo que garantiza un flujo de información transparente y accesible para todos los actores involucrados.

2. Funciones del OECE y de Perú Compras

Con las modificaciones, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OECE) y la Central de Compras Públicas (Perú Compras) asumen una serie de funciones ampliadas. Entre las más relevantes se destacan:

• Gestión y Evaluación de Herramientas Digitales: Administrar, diseñar y desarrollar herramientas digitales, y evaluar su desempeño para asegurar la eficacia y eficiencia en la gestión pública.
• Integración de Datos: Integrar de manera efectiva los datos generados en las distintas etapas de las contrataciones, lo que facilita la toma de decisiones y el seguimiento de procesos.

3. Transparencia y Ciberseguridad

La Ley N° 32187 también introduce un enfoque en la ciberseguridad, exigiendo auditorías periódicas bajo estándares internacionales. Esto no solo protege la información sensible relacionada con las contrataciones, sino que también refuerza la confianza del público en la integridad del sistema de contrataciones.

4. Implementación Progresiva de Autoridades Instructores

Se establece un plazo que no excederá el primer trimestre del año fiscal 2026 para que el OECE implemente las autoridades instructoras en los procedimientos administrativos sancionadores. Este paso es vital para asegurar que las contrataciones públicas se realicen dentro de un marco normativo riguroso y con la debida supervisión.

5. Compromiso con la Mejora Continua

La Ley N° 32187 enfatiza la importancia de la mejora continua en los procesos de contratación. La creación y actualización de directivas y lineamientos se realizará de manera coordinada entre el OECE y Perú Compras, asegurando que las normativas respondan eficazmente a las necesidades del sector público.

Conclusión

La vigencia de la Ley N° 32069, con sus modificaciones, marca un hito importante en la modernización de las contrataciones públicas en el Estado Peruano. La integración de herramientas digitales, el fortalecimiento de las entidades responsables y el compromiso con la transparencia y ciberseguridad son pasos necesarios para contribuir a una gestión más eficiente y confiable de los recursos públicos. A medida que estas medidas se implementen, se espera no solo una mejora en los procesos de contratación, sino también un aumento en la confianza de la ciudadanía en la gestión pública.

Es crucial para los analistas y profesionales del sector mantenerse actualizados sobre estas regulaciones y adaptarse a los nuevos sistemas y procedimientos que se implementarán en el marco de esta legislación.

TRANSFORMANDO LA GESTIÓN PÚBLICA DESDE LA BASE: UN ENFOQUE INTEGRAL PARA EL CAMBIO

Por:  Mag. Angel Vásquez, Licenciado en Administración

Para lograr una transformación real en la gestión pública peruana, es fundamental enfocarse en las raíces que sustentan nuestras instituciones y valores sociales. Esto implica un proceso de cambio que no solo involucre a quienes ocupan cargos de decisión en el ámbito Gubernamental, sino que abarque a toda la estructura social, desde el individuo y la familia hasta las instituciones educativas y las organizaciones comunitarias. A continuación, se plantean varias dimensiones claves para una transformación efectiva.

 

Educando en Valores

La educación es un pilar fundamental para fomentar el civismo y el respeto. Desde la niñez, es esencial inculcar valores de solidaridad, responsabilidad y trabajo en equipo. Un currículo escolar que incluya la educación cívica y ética puede ayudar a formar ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes. Los docentes, como figuras clave en este proceso, deben recibir capacitación para transmitir estos valores y crear un ambiente en el que los estudiantes se sientan motivados a participar activamente en su comunidad.

Además, programas extracurriculares y actividades que fomenten el trabajo comunitario pueden proporcionar experiencias prácticas que refuercen estos valores. Al involucrar a los estudiantes en actividades que beneficien a su entorno, se logra no solo un aprendizaje teórico, sino una vivencia que potencia la responsabilidad social.

 

Promoción de la Participación Ciudadana

La participación activa de la ciudadanía en la gestión pública es crucial para construir un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida. Fomentar un ambiente donde los ciudadanos se sientan autorizados a opinar y participar en la toma de decisiones no solo fortalece la democracia, sino que también enriquece las políticas públicas con diversas perspectivas y necesidades.

La creación de espacios de diálogo y foros comunitarios, donde los ciudadanos puedan expresar sus inquietudes y proponer soluciones, puede ser un paso importante. Las instituciones públicas deben estar abiertas a escuchar y considerar estas opiniones, lo que fomentará una administración más sensible y receptiva.

 

Fortalecimiento de la Comunidad

La familia y la comunidad son los entornos donde se forman los valores y comportamientos de los individuos. La promoción de la cohesión social y el fortalecimiento de la comunidad pueden jugar un papel clave en la transformación social. Iniciativas que fomenten la colaboración entre vecinos, el apoyo mutuo y el desarrollo de proyectos comunitarios pueden ayudar a construir una cultura de respeto y solidaridad.

Las organizaciones comunitarias, incluyendo ONGs y grupos de voluntariado, pueden ser efectivas en la promoción de valores de civismo y en la implementación de proyectos que beneficien a la comunidad. Estas iniciativas no solo ayudan a resolver problemas locales, sino que también fomentan el sentido de pertenencia y colaboración entre los ciudadanos.

 

Roles de las Instituciones Educativas y Centros de Estudios Técnicos, Superiores

Las instituciones de educación técnica y superior tienen la responsabilidad de formar no solo profesionales competentes, sino también ciudadanos éticos y comprometidos. Si bien se debe priorizar la enseñanza de conocimientos técnicos y habilidades duras, igualmente de importante es cultivar la responsabilidad social en los estudiantes.

Los programas técnicos y universitarios pueden incorporar el servicio comunitario como parte de sus requisitos curriculares, incentivando a los estudiantes a involucrarse con la sociedad. Asimismo, las universidades pueden establecer alianzas con el sector público y organizaciones comunitarias para desarrollar investigaciones que respondan a las necesidades locales, promoviendo una cultura de colaboración.

 

Del Individualismo al Colectivismo

En un contexto donde el "canibalismo profesional" tiende a prevalecer, es crucial cambiar el paradigma de individualismo hacia un enfoque más colectivista. Esto implica valorar el éxito del grupo tanto como el del individuo, promoviendo la comprensión de que el bienestar colectivo es la base del progreso individual.

Los programas de mentoría y desarrollo de líderes comunitarios pueden ser efectivos para inspirar a los individuos a trabajar en la solución de problemas sociales y a impulsar cambios positivos en sus comunidades. Además, es esencial reconocer y celebrar los logros colectivos, lo que refuerza la importancia del trabajo en equipo y la colaboración sobre la competencia.

 

Conclusión

La transformación desde la base no es un proceso rápido, sino un compromiso a largo plazo que requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Para cambiar la cultura de la gestión pública en el Perú, es fundamental que cada individuo asuma su papel en esta transición, desde las decisiones cotidianas hasta la participación en la vida pública.

Invertir en la educación, promover la participación ciudadana, fortalecer las comunidades y redefinir el papel de las instituciones educativas son pasos esenciales hacia un cambio significativo y sostenible. Al adoptar un enfoque integral y colaborativo, el Perú puede avanzar hacia una gestión pública que realmente refleje los valores de civismo, respeto y dedicación al bienestar común. Este cambio no solo beneficiará a las instituciones del gobierno, sino que también contribuirá al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa, donde cada ciudadano se sienta valorado y empoderado. 

GUÍA PARA EL MANEJO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES EN ESTADO DE CHATARRA - PROCESO DE BAJA

Por:  Mag. Angel Vásquez, Licenciado en Administración

Introducción

La gestión adecuada de los bienes muebles patrimoniales es fundamental para asegurar la transparencia y hacer un uso eficiente de los recursos públicos. Esta guía proporciona un procedimiento claro para la baja de bienes en estado de chatarra, en base a la normativa vigente.

Procedimiento para la Baja de Bienes Muebles Patrimoniales en Estado de Chatarra

 

1. Identificación y Clasificación del Bien

ü  La Oficina de Control Patrimonial (OCP) debe identificar los bienes muebles patrimoniales que se encuentran en estado de chatarra y clasificar si son susceptibles de baja. Esta clasificación debe basarse en criterios técnicos que evalúen el estado del bien, su funcionalidad y su valor económico.

ü  Referencia Normativa: Artículo 44 de la Directiva N° 0006-2021-EF54.01-DGA establece que se debe proceder al saneamiento administrativo de los bienes muebles patrimoniales faltantes, considerando la condición de los bienes.

 

2. Elaboración del Informe Técnico

ü La OCP deberá elaborar un Informe Técnico donde se sustente la causal de la baja de los bienes, destacando la imposibilidad de reutilización y las razones que fundamentan que estos bienes deben clasificarse como chatarra.

ü Este informe debe incluir una descripción detallada del bien, su estado y el motivo de la baja.

ü Referencia Normativa: Artículo 49.1 de la Directiva menciona que la OCP debe elaborar un Informe Técnico sustentando la causal correspondiente y recomendando la baja.

 

3. Remisión de Documentación a la OGA

ü Una vez elaborado el Informe Técnico, la OCP debe remitir la documentación a la Oficina de Gestión Administrativa (OGA). Esta oficina revisará la documentación y, si la encuentra conforme, procederá a emitir la resolución que apruebe la baja por causal de chatarra.

ü Referencia Normativa: Artículo 45.2 establece que la OGA emite la resolución aprobando la baja por causal de saneamiento administrativo.

 

4. Aprobación de Eliminación

ü Según lo establecido en la Octava Disposición Complementaria, los bienes muebles patrimoniales dados de baja en estado de chatarra deben ser eliminados o destruidos conforme lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1278.

ü La OGA emitirá una resolución que contenga el plazo para la eliminación de los bienes. Este plazo debe ser razonable, permitiendo la correcta ejecución del proceso.

ü Referencia Normativa: Artículo 60.4 aclara que la disposición de los bienes en estado de chatarra se aprueba especificando que no pueden ser objeto de inscripción registral.

 

5. Notificación y Ejecución de Eliminación

ü La OGA comunicará los detalles de la eliminación a las partes interesadas y coordinará con las entidades encargadas de la ejecución del proceso de eliminación.

ü Es importante que se mantenga un registro documental de la eliminación para asegurar la transparencia y permitir auditorías futuras.

 

6. Plazos y Seguimiento

ü La OGA debe establecer un plazo específico en la resolución para la ejecución de la eliminación de los bienes. Se recomienda que este plazo no exceda de 30 días desde la aprobación de la resolución.

ü Se debe realizar un seguimiento del cumplimiento de la eliminación de los bienes, asegurando que se realice según lo estipulado en la norma.

Conclusión

La implementación de este procedimiento asegurará que los bienes muebles patrimoniales dados de baja por chatarra sean manejados de manera adecuada, promoviendo la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos. Los responsables de la gestión patrimonial deben seguir estrictamente las disposiciones normativas referidas y garantizar que cada etapa del proceso quede adecuadamente documentada.

Referencias Normativas

1. Directiva N° 0006-2021-EF54.01-DGA
2. Decreto Legislativo N° 1278 - Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos

Con esta guía se busca una base clara para auditores y responsables del control patrimonial, facilitando la comprensión de los procedimientos necesarios para la baja y eliminación de bienes en estado de chatarra.